Esta semana firmaremos el crédito con once entidades financieras, que nos permitirá sufragar la deuda de 12,8 millones de euros contraída entre los ejercicios de 2008 y 2011 con diferentes empresas proveedoras, acogiéndonos al Real Decreto Ley 4/2012. Se trata de una medida que para muchas pequeñas y medianas empresas de Sitges y la comarca constituye una extraordinaria noticia, ya que les permite cobrar –con mucho retraso– los trabajos que realizaron en su día. El impago de estas facturas ha sido un periodo angustioso para muchas de estas empresas.
Los 12,8 millones de euros de los créditos corresponden a 3.095 facturas registradas en el Ayuntamiento de Sitges, la Agencia de Promoción Turisme de Sitges y la Sociedad Sitges Model XXI. El crédito se devolverá en 10 años con un interés del 5,9% que se aplicará el primer trimestre y que posteriormente será revisable. El Pleno Municipal aprobó la semana pasada la formalización de dicho crédito como paso indispensable para la firma con las entidades financieras.
Desde que hace un año accedimos al gobierno municipal, el pago a las empresas proveedoras ha sido una prioridad en nuestra política de gestión financiera. En esta línea fijamos la primera medida de pago de las facturas por importes inferiores a 1.500 euros, que correspondían sobre todo a pequeñas empresas y autónomos de Sitges. Y en los mismos términos, estamos adoptando una política de rigor presupuestario y de gastos, que solo autoriza la contratación de servicios e inversiones en los que figure la partida correspondiente.
Estas operaciones han de ser un motivo de reflexión para los responsables de las administraciones, y de esta forma evitar que se vuelvan a producir situaciones como las registradas los últimos años, en que se gastaba dinero que no se disponía, haciendo cada vez más grande la pelota del crédito. La nueva cultura política de reducción del gasto público es dura para los ciudadanos, ya que ven disminuidos o eliminados servicios o prestaciones, y también lo es para los gestores, que disponen de un terreno de actuación más limitado. Con todo, la lección positiva que podemos extraer de situaciones como estas es la aplicación general de una política presupuestaria de máximo rigor, que es la mejor garantía para los proveedores y el conjunto de la ciudadanía, para que los recursos se usen de manera y con procesos responsables.
