El Ayuntamiento de Sitges ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción la documentación del proceso de adjudicación, construcción y gestión del edificio Sitges Reference. Las presuntas irregularidades que han rodeado esta operación, por una parte, y los evidentes errores en el planteamiento y la gestión de las funciones del edificio han convertido Sitges Reference en un asunto de lamentable actualidad informativa.
El edificio fue impulsado y construido por una sociedad participada al 50% por el Ayuntamiento con el fin de habilitar oficinas para empresas de Sitges. La intención a la que respondía la iniciativa era correcta, pero el proceso fue errático desde el primer momento, tanto en su desarrollo como en su gestión posterior, como se vio enseguida: ninguna empresa, ni sitgetana ni de fuera, se instaló en el edificio, entre otros factores, porque los precios que ofertaba la sociedad eran muy superiores a los del mercado (cuando éste todavía no había bajado lo que ha hecho en los últimos meses).
En su día, las formaciones que integramos el actual gobierno de La Nova Majoria denunciamos desde la oposición que el traslado de la mayor parte de las dependencias municipales al edificio Sitges Reference –al no haber encontrado ninguna empresa interesada en instalarse allí– se efectuaba en unos términos equivocados y económicamente desastrosos para las ya maltrechas finanzas municipales.
Y es que el mismo Ayuntamiento, como consecuencia de esta decisión, tenía que asumir un pago mensual totalmente ilógico y, al mismo tiempo, exagerado. Esta decisión, tomada por el anterior gobierno municipal, fue la culminación de un cúmulo de errores desde el punto de vista de planificación (ya que ponía de manifiesto que el objetivo de la realización de Sitges Reference había fracasado) y un desastre en términos económicos (ya que implicaba que el consistorio tenía que pagar un alquiler por un espacio que es de su propiedad). Lo peor de todo es que ahora estamos pagando las consecuencias.
Una vez pudimos acceder a toda la información, a través de la sociedad municipal Sitges Model XXI S.A., pudimos comprobar que el desbarajuste no se acababa aquí. La auditoría financiera realizada hace unos meses para conocer al detalle el estado de las finanzas municipales y sus procedimientos e informes externos detectó un desvío presupuestario de 2,3 millones de euros en la construcción de este edificio, así como un sobrecoste del 40% en el alquiler firmado entre la empresa promotora y el Ayuntamiento para la ocupación del espacio. Por estos motivos, así como otros que ponen de manifiesto las ruinosas consecuencias de esta operación, el consejo de administración de la sociedad municipal Sitges Model XXI S.A., aprobó en su última reunión presentar ante la Fiscalía Anticorrupción el proyecto de esta operación.
El equipo de gobierno ha mantenido, y mantendrá durante todo el proceso, una actitud de lealtad institucional y de respeto hacia la Justicia en sus diligencias. No utilizaremos este asunto de manera partidista (si ésta hubiera sido nuestra voluntad, el proceso de denuncia hubiera sido diferente), pero evidentemente seremos coherentes con nuestra política de un uso racional y responsible del dinero público.
El contrapunto más evidente a la política de gastos irracionales llevada a cabo por el anterior gobierno socialista la tuvimos ayer mismo con el traslado a la calle Nou de la Oficina d’Atenció Ciutadana, en este caso a un edificio de titularidad municipal que nos permite ahorrar un gasto innecesario.
